La semana pasada nos visitó Nancy Pelosy, presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. El motivo: hacer seguimiento a una denuncia que compromete seriamente el TLC firmado con el Perú.
La queja presentada por la International Labor Rights Fund, la ONG Perú Equidad y siete sindicatos peruanos, en junio del 2015, fue admitida por el Departamento de Trabajo de EE.UU, que emitió un informe en diciembre último, recomendando al Estado peruano una serie de medidas cruciales para el futuro de las relaciones laborales en nuestro país.
El informe elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales y Laborales (OTLA) es categórico en su evaluación. Entre sus conclusiones pone de manifiesto su preocupación respecto de la forma en que la Ley de Exportaciones No Tradicionales (Decreto Ley N° 22342) expone a los trabajadores a la violación de sus derechos sindicales.
El documento describe cómo miles de contratos laborales se quedan sin renovación si se afilian a un sindicato. Da cuenta, también, del fracaso sistémico del Estado peruano para hacer cumplir las leyes laborales, su incapacidad para hacer efectivas las multas e implementar inspecciones laborales.
A pesar de la reciente reforma procesal, los procesos judiciales resultan insuficientes o engorrosos para el trabajador.
Aunque algunos especialistas precisan que “el informe limita sus recomendaciones a los trabajadores empleados bajo la LExNT, a pesar que estas prácticas se producen en toda la economía peruana, incluyendo a los trabajadores de la agroexportación, que fueron coautores de la Queja presentada ante la OTLA”; lo cierto es que las recomendaciones planteadas por el gobierno norteamericano pueden leerse como un cuestionamiento frontal al principio rector de nuestra legislación laboral: la contratación temporal (o inestabilidad laboral).
El Departamento de Trabajo norteamericano ha puesto como plazo diciembre de este año para que el Estado peruano adopte medidas correctivas. En juego están los beneficios arancelarios que todavía tienen los exportadores peruanos.
La principal recomendación, la más relevante, supone cambios legislativos (“adoptar y poner en práctica instrumentos jurídicos para asegurar que el uso de contratos temporales no restrinja la libertad sindical de los trabajadores”).
El propio informe brinda algunas pistas: limitar el uso de contratos de trabajo de corta duración; autorizar a la autoridad administrativa para que obligue a los empleadores a renovar los contratos; que los trabajadores empleados bajo esta modalidad ocupen cargos permanentes en los casos de reiterado incumplimiento o cuando haya indicios de discriminación antisindical. Además, insta al Estado a no permitir el “sobreseimiento” (demora) del procedimiento administrativo o judicial.
Todo un dilema para el próximo gobierno: o cambia la legislación laboral fujimorista, defendida por la gran empresa, o pierde los beneficios del TLC. Pago por ver.
